El tema que me convoca a hablar está muy presente en la cotidianidad de nuestro país, solo que está bastante escondido: la discriminación indígena, y no solo a los mapuches, sino que a las comunidades aymaras, atacameñas y rapanuis. Lo mantenemos como un tema cliché, como una idiotez, como algo innecesario de discutir, pero ahí es donde deberíamos cuestionarnos, ¿son chilenos realmente?
Lo primero que se nos ocurre es que sí, porque nacieron en territorio nacional, porque están inscritos en el Registro Civil y tienen un RUT, etcétera. Pero va más allá de una “identificación” que nos ata a un territorio, tiene que ver con las costumbres, con las creencias, las tradiciones, los ritos, el estilo de vida. Tenemos que ponernos a pensar, y es que, ¿acaso nacer en un hogar de una cultura diferente al territorio se vuelve inválido por nacer en él? Me explico, a lo que se quiere llegar es simplemente preguntarnos, si son reconocidas las culturas indígenas en Chile, sus descendientes, su cultura y todo eso, ¿se aplican las garantías que el Estado tiene para ellos, para la conservación de los pueblos?
Debemos remontarnos a la época de la Guerra del Pacífico, fines del siglo XIX, un ejército chileno modernizado para la época, con armamento, un ejército que se empoderó y logró que un Perú decidido a ganar, finalmente alzara la bandera blanca, y que Bolivia diera un paso al costado e hiciera una tregua con Chile. Ese mismo ejército, honrado, victorioso, “héroe”, bajó al sur, con sus nuevas armas, con todo su poderío e hizo sucumbir a los mapuches a fuerza, donde nunca sucumbió la razón y ganó el más fuerte, o quizá, el más cobarde. Ahí comenzó la eterna disputa territorial, cuando un Estado imponente les designó a nuestras raíces los peores terrenos, no solo en cuanto a la calidad, sino que también, a su reducido tamaño.
Una pugna heredada de nuestros antepasados españoles, que trataron y lucharon por hacer retroceder a los indígenas, sin conseguirlo, tanto que después del proceso independentista, la Patagonia era inaccesible para todos aquellos que no fueran araucanos, es decir, de ninguna tribu perteneciente al sur, ninguna.
Pero, como siempre a lo largo de la historia, la fuerza puede más que las palabras, pero deja heridas más grandes, más difíciles de sanar y levanta luchas que pareciera que nunca acabarán. Como pasó hace un par de años, una demostración más de esta lucha que sigue en pie, que la persecución política discriminatoria continúa. Es así que corría 2012 y la SUBTEL estaba censurando a Mireya Manquepillan, directora y representante de la radio Kimche Mapu, perseguida penalmente por defender y luchar por los derechos indígenas, por ser “una piedra en el zapato” para el entonces concejal de Lanco, Gilberto Santana, al ver amenazado sus intereses empresariales y su consorcio radial, comenzó este hostigamiento a la comunicadora hasta que la imputaran injustamente, violando el derecho a libre expresión expresado en la ley indígena (N° 19.253) en los artículos 1, 7 y especialmente el 28, que en el apartado c, señala la creación de medios de comunicación indígenas. Y por el otro lado, yéndonos al norte, nos encontramos con el caso de la oposición aymara al nombramiento de Javiera López como fiscal adjunta de Arica y Parinacota, quien habría sido protagonista de la pena de 12 años, por abandono con resultado de muerte, que se le dio en 2007 a Gabriela Blas, una pastora aymara, que mientras cuidaba su rebaño, una oveja escapó y ella salió en su búsqueda, dejando con el rebaño a su hijo de casi 4 años, cuando regresó este ya no estaba y apareció su cuerpo sin vida a fines de 2008. Pero sin ningún tipo de investigación, simplemente llevada por sus prejuicios étnicos, la sentenció. Por lo que, la comunidad aymara no podría mantenerse tan ajena a esta situación, al verse amenazada por una autoridad que desconoce la cultura indígena y se rige intransigentemente por las leyes occidentales, desmereciendo todas las tradiciones y costumbres propias del pueblo.
Y sin ir más lejos, un estudio PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), arrojó que un 82% de los mapuches cree que es muy fuerte la lucha que hay entre la comunidad indígena, en general, de Chile y los no indígenas. Incluso, un 49,3% de las personas encuestadas no indígenas aseveraron que la justicia favorece a quienes no pertenecen a una etnia en asuntos judiciales. Como dice el Puma Rodríguez, “hay que escuchar la voz del pueblo”, y claramente el pueblo nos está dejando en evidencia lo que ellos mismos viven, sienten y presencian cada día.
Finalmente, después de dejarles todo esto sobre la mesa, creo que la pregunta está más que contestada. Aquí hay derechos, derechos que van más allá de una ley nacional, sino que un acuerdo internacional en las Naciones Unidas, y no se está respetando. En esta situación, ningún indígena querrá aliarse con un Estado chileno que los discrimina, que los segrega, que invalida su cultura imponiendo inútilmente la cultura occidental, no compatible con su tradición ancestral. Solo me queda preguntarnos, ¿qué haremos nosotros al respecto?, ¿nos quedaremos de brazos cruzados y dejaremos a los políticos proteger sus intereses arrollando a quien represente a un obstáculo, o nos uniremos a esta lucha por la preservación de las culturas que dejan un leve rastro de las raíces de esta nación?
Nicolás Acosta
Abril 2014
